Del griego: demos (pueblo)

La “fiesta de la democracia” del 20N se cobró alguna que otra víctima. No es cosa de risas…

Admiro que España cuente al fin con un sistema democrático. Faltaría más. En el país del Campeador y de los ruidos de sables, hemos podido celebrar unas elecciones libres el día en que, precisamente, se recuerda la muerte del que fue el último gran obstáculo de nuestro autogobierno. El que secuestró en 1936 una democracia moderna, plural y laica, para sumirnos un millón de muertos después, de nuevo en la caverna del autoritarismo y la incultura por decreto.

La Constitución de 1931 no era perfecta. Ninguna lo es. Ya señalaron sus defectos el propio Manuel Azaña, pero también Alcalá-Zamora, Ortega, Unamuno, etc. Además, la ejecución que la mayoría de partidos hicieron de las libertades parlamentarias durante la Segunda República tampoco fue ejemplar. El colmo fueron varias amenazas de muerte cruzadas con que algunos diputados “adornaban” sus discursos: alguna de ellas, tristemente cumplida.

Sin embargo, ninguno de los defectos justificaba el golpe de Estado que se dio, contra la libertad, el progreso y la democracia. No voy a analizar los factores sociales y religiosos que condujeron a los españoles a soportar los 40 años de dictadura y represión, ni tampoco justificaré la legitimidad de ninguna muerte. De ninguna.

Cuando en 1977 el gobierno de la República en el exilio elogia que las urnas sean el camino elegido para legitimar de nuevo la democracia en España, y se autodisuelve satisfecho del deber cumplido, los dos bandos de la Guerra Incivil quedan de nuevo unidos en la legalidad del nuevo régimen. Por un lado, los símbolos de la República regresan a España y, por el otro, los herederos políticos del franquismo se apresuran a modernizar sus estructuras de poder en forma de partidos.

El escenario político no sólo era nuevo porque supusiera un cambio, sino porque la mayoría de españoles no había podido participar nunca en unas elecciones libres. Por un lado, el síndrome de Estocolmo caracterizó claramente la postura del ciudadano medio: habríamos de oír y aún hoy oímos a menudo lo de que “el Rey ha traído la democracia”. En el sentido otorgado de la palabra. Por el otro lado, el de los parlamentarios, el paternalismo ahogaba los debates que deberían haber surgido en el diseño de un Estado fuerte. Todavía resuenan en nuestras cabezas frases que reclamaban que “España no estaba preparada”.

¿No estaba preparada para la pluralidad democrática? ¿Ni para separar con la cabeza alta a la Iglesia del Estado? ¿No estaba preparada para creer en el sueño europeo y enterrar el mito del África subpireinaica? ¿Estábamos menos preparados los españoles de 1978 que los de 1931 para regular las iniciativas populares y los referéndums con el arrojo que lo hacía la constitución tricolor? Concederemos desde la distancia el beneficio de la duda. El beneficio del que duda si no existirían incluso más partidos clandestinos durante la Transición que los que pueblan hoy legalmente nuestro Congreso…

Estos dos últimos factores hicieron que la legislación electoral y la Constitución de 1978 fueran consideradas un lujo por los primeros y, por los segundos, un canal democrático pausado y pautado que evitara la radicalización. Como todos sabemos, los grandes cambios en España y en Europa siempre habían venido precedidos de puños, pistolas o guillotinas, así que desde aquí alabo ese inusual gusto por la cordura y la templanza.

Galaxias aparte, los españoles ya hemos demostrado suficiente paciencia. Varias décadas después, un sinfín de movimientos sociales han demostrado, sólo con existir, que las leyes actuales no son suficientes para que los ciudadanos se sientan representados. En definitiva: los españoles queremos más democracia. No nos vale con el primer plato que nos ofrecieron en 1978: poder votar. Queremos ganarnos el plato principal: la separación de poderes. Y deseamos llegar al postre: el reparto proporcional de escaños.

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